Por Gustavo Espinoza M. (*)
Hatun Willakuy es una expresión quechua que se traduce como “el gran relato”.
Fue ese el nombre que puso la Comisión de Verdad y Reconciliación creada el 2001 en el Perú por el gobierno transitorio de Valentín Panigua, a la versión abreviada del Informe que entregó a las 12 y 40 del día 28 de agosto del 2003 –hace exactamente cinco años- al entonces Presidente Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno.
El documento original fue ciertamente más extenso: 12 volúmenes prolijamente preparados y 400 anexos de innegable importancia, que fueron el resultado de algo más de dos años de trabajo, investigación y contraste de versiones, destinado a reconstruir el escenario convulso que vivió nuestro país en las dos últimas décadas del siglo XX bajo tres administraciones civiles: los gobierno de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori, digitados todos -en mayor o menor medida- por estructuras militares creadas a la sombra de la estrategia militar de los Estados Unidos en el marco de la lucha “contra la subversión”.
En la base de la idea que sustentó esa estrategia estuvo la Doctrina de Seguridad Nacional, que resucita en nuestro tiempo al calor de nuevas -presuntas- amenazas.
Tales políticas -como se recuerda- incluían la intervención militar directa o indirecta, el uso de mercenarios, la formación de cuadros académicos, la preparación de planes y la implementación de operativos del más variado signo, orientados todos a quebrar la resistencia de los pueblos y destruir a las verdaderas organizaciones revolucionarias. Inscritas en el escenario mundial de la “guerra fría” esbozaron la teoría de la “guerra interna” para actuar contra los pueblos.
En el Perú, como en su momento en otros países de la región, se acentuó la idea entre las estructuras formales del Estado y grupos armados que buscaban cambiar por la fuerza el orden social.
Esa “guerra interna” nunca existió. La formulación así planteada, en el fondo no fue sino un pretexto para desarrollar una desoladora guerra de exterminio contra las poblaciones, lo que se hizo más notable en determinados países.
En Guatemala, por ejemplo, pero también en el Perú, ella dejó una estela de destrucción y muerte, de la que no se ha recuperado aún la sociedad en nuestro tiempo.
En nuestro país el trauma generado por esa “guerra” fue enfrentado a partir de la investigación de los hechos y de la elaboración de documentos que pretendieron reconstruir la naturaleza del acontecimiento vivido.
No en todos los casos los estudios en torno al tema esbozaron conclusiones acertadas; pero ciertamente ellas contribuyeron a hacer luz en torno a una experiencia dramática que todavía palpita en nuestra memoria.
No es casual, por eso que hoy, a cinco años de presentado el Informe, este suscite agresiones de todo tipo desde altas cumbres del Poder, la capacidad operativa de las Mafias y el accionar de grupos desclasados al servicio del fujimorato. Como bien dijera Salomón Lerner “que después de cinco años se siga atacando a la CVR, quiere decir que hemos tocado carne y que las conciencias no estàn del todo tranquilas”.
Como se recuerda, en el Perú la así llamada “guerra interna” vivida entre 1980 y el año 2000, costó la vida a más de 70,000 personas y insumió pérdidas materiales superiores a los 800 millones de dólares.
El 40% de las víctimas de la violencia se vieron privadas de la vida en el departamento de Ayacucho, y casi el 85% en el denominado Trapecio Andino, que alberga a los cinco departamentos más pobres. El 52% de los afectados vivía en zonas rurales y el 75% eran quechua-hablantes.
En aquellos años, de miedo y de amenazas, las familias más pobres, agobiadas por el dolor y transidas por el llanto, buscaban a los suyos en los botaderos de cadáveres.
Aludiendo al hecho, un informe de los organismos de Derechos Humanos de nuestro país recordaría después:
“Como si la realidad hubiera querido desafiar las posibilidades de la descripción y la credibilidad, ésta alcanzó límites como los de aquellos cuerpos, generalmente desnudos, con los dedos o manos mutiladas, con los rostros quemados por ácidos para evitar su identificación. Sin embargo, alguno de ellos conservaba una humilde prenda de esas que sólo las madres reconocen en su infinito y cotidiano amor. Entonces el silencio del basural era roto por un desgarrador grito de dolor y las manos de estas mujeres llenaban de amor los inertes cuerpos de los seres a quienes habían dado vida”
Los cinco grupos de delitos contra los derechos humanos, considerados como tales -y por tanto imprescriptibles- en el ámbito universal, se perfilaron nítidamente en la vida peruana:
- desaparición forzada de personas,
- privaciones ilegales de la libertad,
- ejecuciones extrajudiciales,
- habilitación de centros clandestinos de reclusión y
- tortura institucionalizada.
Ellos fueron el pan del día que conocieron millones de peruanos amenazados por una fuerza que, curiosamente, fue caracterizada por el entonces más ferviente, obtuso y desvergonzado parlamentario del régimen fujimorista -el congresista Gilberto Siura- quien dijo a los familiares de las víctimas, que lo acosaban: “¡Estoy hablando del Ejército, de un monstruo que es más poderoso que Dios!”.
En aquellos años, como aún se recuerda, sólo en el rubro de personas desaparecidas, el Perú ocupo el quinto lugar en el mundo, antecedidos apenas por Irak, Sri Lanka, Guatemala y Argentina.
Este universo de inaudita violencia fue el que, a la caída de Fujimori, abrió el camino para la formación de un grupo de trabajo que estudiara el fenómeno, analizara los hechos y señalara las pautas básicas para reconstruir la convivencia nacional entre los peruanos a partir de nuevas bases.
El documento elaborado por los Comisionados, que nunca tuvo carácter vinculante, sirvió sin embargo para identificar a los actores de esa singular etapa de barbarie.
El Informe contiene errores de fondo, por cierto, relacionados a la caracterización de los hechos, pero tiene el mérito histórico de aportar cifras concluyentes que nadie sensatamente ha desmentido y de reconstruir hechos que la memoria debe perpetuar..
La conceptualización de los temas constituye sin duda el elemento más débil del Informe que la CVR entregara al país en su momento.
El organismo, en efecto, concibe este periodo como la consecuencia de un conflicto armado “decidido por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso de iniciar una Guerra Popular contra el Estado Peruano”. Y no como la imposición de una metodología de exterminio impuesta al país para exterminar poblaciones enteras.
Así, de un modo simple, otorga a la estructura terrorista liderada por Abimael Guzmán, el carácter de organización Política, y, peor aún, de Partido Comunista. Y le reconoce sin prueba alguna la voluntad de desplegar una acción que eleva a la categoría de “guerra popular”
La descripción de los hechos modifica esta versión. No hubo, en efecto, un Partido al frente de esta “guerra”, sino un pequeño grupo de activistas, que no actuaron como comunistas, sino mostrando una interpretación singular del maoísmo; y que no impulsaron guerrillas, ni enfrentamientos urbanos a partir de grupos armados, sino acciones aisladas y actos terroristas.
Hoy se sabe que mucho de lo que fuera atribuido a Sendero Luminoso -y aún reivindicado por él- fue en realidad consumado por la estructura militar del Estado; y que, incluso, documentos fundamentales de la organización terrorista -como “las propuestas para el Acuerdo de Paz”- fueron más bien redactados por Rafael Merino Bartet, el “cerebrito” del Servicio de Inteligencia Nacional, y tan solo leídos enfáticamente por Abimael Guzmán y sus seguidores en una cita televisada, poco mostrada, pero que se conserva en Video.
Porque muchas de esas cosas se han descubierto ahora -aunque de eso se hablaba ya con fundamento claro desde hace muchos años-, los grupos mafiosos de la derecha más reaccionaria y el gobierno de García que los cobija, han desplegado una ofensiva en todos los planos contra la CVR pretendiendo descalificar sus conclusiones y propuestas.
Mientras eso sucede, siguen apareciendo tumbas clandestinas, y las madres de los desaparecidos insisten en demandar justicia.
Una de ellas, la versión peruana de las Madres de la Plaza de Mayo, doña Angélica Mendoza de Ascarza evoca la imagen de su hijo al que siente siempre a su lado: “Mi hijo me dice así en mis sueños: Mamacita búscame… al costado de una piedra grande hay una chocita de paja, a su ladito estoy, ¿no me encuentras?; por su lado también pasa el agua, cristalina, limpiecita. Así sueño con mi hijo, yo no sé”.
Los episodios de la política de hoy, no parecen dar la razón a quienes luchamos contra la acción criminal del Estado Terrorista. Al contrario, hoy el Vicepresidente de la República Vice Almirante Luis Giampietri es defendido y protegido por las autoridades oficiales del Estado, pese a su comprobada participación en los sucesos del Frontón. Y Víctor Joy Way sale de la prisión donde fue confinado, no por robar millones de dólares al Estado, sino por no haber informado de haberlo hecho; la congresista aprista Mercedes Cabanillas exige la renuncia del vice Ministro de Educación porque encuentra un texto de historia de América Latina con una foto de Fidel Castro; y una banda de fujimoristas -con anuencia policial- ataca a los familiares de las víctimas de la violencia para rendir homenaje a los suyos.
En otras latitudes -en Argentina, por ejemplo- los represores son condenados a Cadena Perpetua; pero pareciera que en nuestro país preparan prolijamente su “segundo debut” para continuar en su provecho la orgía de sangre de la que se niegan a dar cuenta.
La rueda de la historia continúa, sin embargo. Y en la conciencia de millones de peruanos se afirma la convicción de que más temprano que tarde la vida recobrará su cauce y que los crímenes imprescriptibles, serán finalmente sancionados (fin)
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