TERRORISMO DE ESTADO EN EL CENTRO MILITAR DEL MUNDO: AGRAVIO A LA HUMANIDAD
Osama Bien Laden es terrorista, su modus operandi es diáfano, pues no hay razonamiento humano que pueda justificar la inmolación de 3.500 civiles y elevarlos a la categoría de objetivo militar.
George W. Bush es terrorista, su accionar no deja dudas, pues lo ha superado y elevado a valores exponenciales los ataques indiscriminados sobre las poblaciones civiles de Irak y Afganistán, antes, durante y después de la entrada en escena del tal Osama, pues para el staff norteamericano el concepto de "daño colateral" --léase masacres sobre población civil-- ya no es más que la aplicación de un preciso protocolo de manual para "martirizar" a una población civil de la misma nación del supuesto enemigo, con el calculado objetivo de "expandir" los efectos paralizantes y aleccionadores del terror, desde la población civil afectada, hacia el conjunto de la sociedad, y sólo por efecto transitivo, llegar a los supuestos, reales o potenciales beligerantes de los territorios ocupados militarmente. Y todo esto se ha hecho entre socios, o por menos ex socios, ya que los Bush-Laden fueron clanes con interses comunes y complementarios en el pasado reciente.
Ambos son terroristas y el mundo tiene pruebas vivas de ellos, ambos comparten el mismo "savoir fer" de cómo producir intenso dolor sobre población civil, que sin lugar a dudas es el objetivo a demoler física y moralmente a través de sus procedimientos. Ninguno de ellos pueden solicitar atenuantes ante ningún tribunal imparcial. Ninguno de ellos puede ni debe quedar impune ante tamaños atropellos. Ambos deben ser juzgados por sus crímenes, pues ofenden a la humanidad y están poniendo en riesgo la continuidad de la especie en el planeta.
Pero para la asignación de las responsabilidades debemos no solamente contar con tribunales imparciales, sino también contar con una herramienta, creo hasta la fecha inexistente, que sirva de regla bajo la cual poder medir el tamaño de sus desmanes en sus varios niveles, que debe contemplar no solamente la atrocidad de los procedimientos, sino también, el poderío bélico-destructor y la cobertura para la impunidad con la que cada uno de ellos ha operado en el momento de decidir cometer los ilícitos.
Y los Estados Unidos de América es una potencia militar global sin igual en la historia de la humanidad.
Su estado, que se dice poseedor de sólidas bases democráticas, con un enorme edificio legal construido sobre garantías, debido proceso, para la defensa de las libertades democráticas de "sus nacionales" en "su propio y soberano suelo", con más de doscientos años de tradición, no puede caer, como lo está haciendo, en este caso, en el más bárbaro "terrorismo de estado", aplicado en diferentes escenarios, a saber:
a) en territorio extranjero con anuencia o sin ella,
b) en territorios que están bajo ocupación militar norteamericana, por tanto bajo responsabilidad del mando militar norteamericano centrado en su máxima autoridad, política y operativa, Presidente de la República y el Pentágono,
c) en bases militares en el extranjero, muchas de ellas secretas, y en otros casos, en bases usurpadas "manu militari" como lo es el territorio de Guantánamo, bajo histórico suelo cubano,
d) en el propio suelo norteamericano con seguimientos de inteligencia interna, ilegales e inconstitucionales, a través de la telefonía, del ciberespacio, de las cuentas bancarias, y quien sabe por cuántos caminos más que aú no han sido detectados por sus ciudadanos.
A contramano de esta historia reciente de regresión norteamericana, vemos que en la ampliada Europa, en la extensa Asia, en la doliente Africa hay adelantos en la protección a los derechos humanos, con marchas y contramarchas por cierto, así como nuevos desafíos, como
- la integración y el respeto a las identidades diversas,
- la lucha contra la xenofobia,
- el respeto a los derechos de la niñez, la adolescencia, el género, los adultos mayores, los pueblos originarios;
- los relegados derechos económicos, sociales y culturales (DESC),
Y no es casual, pues ya es una tradición de la política exterior norteamericana, rechazar todas las convenciones, tratados y declaraciones que sobre la ampliación de las protecciones a los derechos humanos se están impulsando en el sistema internacional. Y así lo expresan en sus votaciones en foros multilaterales y bilaterales, donde se arriesgan incluso hasta votar "en solitario", con propuestas atentatorias del derecho internacional, como la búsqueda de "inmunidad" para sus tropas en el extranjero, en paz o en guerra, ante la probable comisión de delitos a los derechos humanos por parte de las mismas, en directa contradicción a la imagen "ya borrosa" que sus antecesores se esforzaron en instalar en otros tiempos en la opinión pública mundial, como la de "defensores de la libertad ... faro de occidente ... líderes del mundo libre", y unas cuántas sandeces más, que llevó a seducir a auditorios importantes, construir alianzas con grandes estados como sólidos aliados, socios oportunistas una buena parte, y perfectos piratas, la mayoría.
Las acciones de las fuerzas militares norteamericanas, bajo directa la responsabilidad del Pentágono y el Presidente de la República, con la anuencia, a veces vergonzante, de las demás instituciones como el Senado y el poder judicial, están cruzando peligrosamente la "línea roja" que diferencia a un estado de derecho, de una dictadura canallezca, que utiliza y perpetra actos considerados como delitos de lesa humanidad, constituyéndose inmediatamente en responsables directos e indirectos, mediatos e inmediatos de aplicar la filosofía del "terrorismo de estado" en el extranjero, dentro de su propio territorio, sobre ciudadanos extranjeros y sobre sus propios nacionales, dentro de sus territorios tomados por la fuerza y bajo administración militar, y dentro de los territorios todavía denominados como "secretos y clandestinos" situados en decenas de países, del cual, sólo es un ejemplo, la base militar de Guantánamo, hoy constituida en "campo de concentración y exterminio" al margen de toda ley y control en el planeta.
Este tipo de atentados a la humanidad, deben ser investigados por la justicia norteamericana, y si ella está maniatada o forma parte de entuerto delictivo, debe ser la justicia internacional quien asume las debidas e históricas responsabilidades, pues estamos hablando de una montaña de evidencias.
Estamos frente a un nuevo peligro universal, al igual que el nazismo en la Alemania de los años 30, que han llevado a cabo prácticas sistemáticas hoy consideradas por las naciones civilizadas y por las Naciones Unidas, como delitos de la lesa humanidad, dentro de los que cabe el gonocidio, ni más ni menos que un "agravio a la humanidad", a la especie humana, a nuestros antecesores y a nuestra descendencia en este planeta.
Por tanto, luchar y denunciar, con la razón, la lógica, y los instrumentos que tenemos hoy en el derecho internacional contra ésta las prácticas terroristas del "centro militar del mundo", y paralelamente, contra todas aquellas las formas larvarias de terrorismo de estado en el mundo, que podrían asociarse a ésta bajo diversas formas, como la infamante "tercerización" de la barbarie, con las cárceles secretas en terceros países, con la tortura a cargo de terceros ejércitos, la utilización de vuelos secretos consentidos, con la construcción de ejércitos "privados" con componentes mercenarios cuyos responsables son sociedades anónimas que revenden servicios de "aniquilación, tortura, desaparición" para estados formales, cuasi estados canallas, o corporaciones petroleras, mineras o de otro interés conquistador que se especializan en el saqueo económico, una vez consumado el saqueo militar y político de países enteros.
Hoy el campo de concentración ilegal de Guantánamo, es un "limbo" concreto en la tierra, pues allí purgan condenas sin ser condenados, son vejados y torturados con absoluta impunidad seres humanos de diversas nacionalidades, son pre-juzgados sin presencia de jueces, y por tanto sin defensa, y no hay jurisdicción de ningún estado sobre el lugar, ni sobre lo que allí se hace, con la sola excepción del Pentágono, y bajo la exclusiva responsabilidad penal del señor Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, quien deberá, más temprano que tarde, ser juzgado por órganos jurisdiccionales de este planeta como planificador y ejecutor de prácticas de terrorismo de estado, como criminal de guerra, como genocida, y como máximo responsable estratégico de delitos de lesa humanidad. Será justicia. Será en defensa de la especie humana.
Acompaño y comparto el editorial del diario mexicano "La Jornada" de la fecha 12 de febrero de 2008, que me enviara la señora Marzha Navarro, como fuente que inspiró este comentario
Federico Tatter.
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Agravio a la humanidad
Editorial. Diario La Jornada.
México. 12 de febrero de 2008.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció ayer que solicitará la pena de muerte para seis prisioneros de la cárcel estadunidense de Guantánamo, Cuba, por los cargos de asesinato y conspiración.
Entre los acusados figura Khalid Shaikh Mohammed, supuesto ex jefe de operaciones de la organización terrorista Al Qaeda y presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania. Ésos serán los primeros de un total de 80 “juicios” que el Pentágono planea emprender contra reos de Guantánamo, los cuales se llevarán a cabo según la infame Ley de Comisiones Militares, aprobada por el Congreso estadunidense en 2006, normativa contraria a la legislación internacional en materia de derechos humanos porque, entre otras cosas, deja a los tribunales de ese país sin jurisdicción para revisar recursos de habeas corpus del extranjero que permanezca recluido en calidad de “combatiente enemigo”, ya sea en Guantánamo o en cualquier otro lugar.
En general, la pena capital es un castigo abominable e inhumano que no sólo pone en evidencia la ineficiencia y el fracaso de los aparatos de impartición de justicia en los países donde se practica, sino que atenta contra el derecho más fundamental de los seres humanos: el derecho a la vida, y se le considera, por ello, un asesinato de Estado.
En el caso de los prisioneros de Guantánamo, una sentencia de esa naturaleza representaría una brutalidad aún mayor, habida cuenta de que su sola aprehensión, su traslado y reclusión en esa cárcel estadounidense constituyen ya un atropello, agravado además por la absoluta ilegalidad con la que han sido juzgados: en estado de incomunicación, en secreto, sin abogados defensores ni derecho a réplica, y sin tener ni siquiera la posibilidad de conocer los delitos que se les imputan.
Con este hecho, el gobierno de Estados Unidos se reafirma en el sitio de violador número uno de los derechos humanos en el mundo, como lo han señalado puntualmente las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y, en sentido estricto, en un grado de cinismo por demás notable, sus acciones se equiparan con las prácticas de la propia red terrorista Al Qaeda –a la que dice combatir– en lo que toca a la forma arbitraria, injustificable y cruel en que ejecuta a sus víctimas, y acaso sólo se distingan de ésta en que Washington se vale de inyecciones letales y no de sangrientas decapitaciones.
Por lo demás, la eventual condena de los presos referidos a la pena capital es la culminación de un conjunto de regresiones judiciales por medio de las cuales el régimen estadunidense ha legalizado la aplicación de tormentos “moderados” a ciudadanos de cualquier país que sean discrecionalmente considerados “combatientes enemigos”, cuyo reflejo más atroz es el trato infrahumano que reciben los prisioneros de guerra en cárceles como la propia Guantánamo y Abu Ghraib, según la opinión pública internacional ha podido constatar mediante la ominosa evidencia gráfica que han dado a conocer algunos medios internacionales y las denuncias presentadas por diversas organizaciones de derechos humanos.
En suma, la población mundial debe repudiar la decisión anunciada ayer por el Pentágono y demandar que no se cometan unas ejecuciones que, de consumarse, representarían un severo derrumbe moral de la sociedad estadunidense e implicarían una degradación adicional no sólo para gobierno de ese país, sino también para la comunidad internacional, para la cual sería terrible asistir a la comisión de un nuevo crimen contra la humanidad en su conjunto.
Ubicación en la red: http://www.jornada.unam.mx/2008/02/12/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Federico Tatter. Tel. (595-21) 374386. Móvil. (595-981) 817597. Correos: ftatter@yahoo.com, federico.tatter@gmail.com, 595981817597@tigo.com.py, Asunción, Paraguay. De libre publicación en todo o parte, mencionando la fuente.
NOTA DE MAXIMO KINAST: Suscribo las opiniones del Sr.Federico Tatter y el editorial de 'La Jornada' de México.
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