¿GOBERNAR CON EL MIEDO O GOBERNAR CON LA LEY?

Lewis Seiler y Dan Hamburg

(Traducción automática del inglés)

"El poder del ejecutivo de lanzar a un hombre en la prisión sin formular ninguna acusación conocida por la ley, y particularmente negarle un juicio por sus pares, es lo más altamente odioso y es el fundamento de todo gobierno totalitario ya sea nazi o comunista." Winston Churchill, nov.. 21, 1943

12/02/08 "San Francisco Chronicle" - 04/02/08 - - Desde el 9/11, y aparentemente sin que la mayoría de los estadounidenses se hayan dado cuenta, el gobierno federal se ha arrogado la autoridad de instituir la ley marcial, de arrestar una amplia gama de disidentes (ciudadanos y no ciudadanos), y de detener a las personas sin el recurso legal o constitucional en caso "de una emergencia debida al flujo de inmigrantes en los EE.UU., o para respaldar el rápido desarrollo de nuevos programas."

Empezando en 1999, el gobierno ha firmado una serie de contratos con Halliburton, la subsidiaria de Kellogg, Brown y Root (KBR) para construir campos de detención en localizaciones no reveladas dentro de los Estados Unidos. El gobierno a firmado también contratos con algunas compañías para construir miles de  carros de ferrocarril algunos, así se informa, equipados con esposas para transportar a detenidos.

De acuerdo con el diplomático y escritor Peter Dale Scott, el contrato de KBR forma parte de un plan de seguridad de la patria intitulado Fase Final (ENDGAME), que fija como objetivo el arresto de "todos los extranjeros y terroristas potenciales removibles"

Individuos que combaten el fraude y la estafa, como el representante republicano Henry Waxman, D - Los Angeles, se ha quejado sobre estos contratos, diciendo que más dólares del contribuyente no deben ir a Halliburton. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué clase de "nuevos programas" requieren la construcción y la renovación de instalaciones de detención en casi todo estado de la nación con capacidad para alojar quizás a millones de personas?

La Sección No. 1042 de la  ley de Autorización de defensa nacional (NDAA) votada en 2007, "Uso de las Fuerzas Armadas en emergencias públicas importantes", da el poder al ejecutivo de invocar la ley marcial. Por primera vez en más de un siglo, el presidente es autorizado ahora para usar los ejércitos en respuesta a "un desastre natural, un brote de enfermedad, un ataque terrorista o cualquier otra condición en que el presidente determine que la violencia doméstica ha ocurrido al punto de que funcionarios del Estado no puedan mantener el orden público."

La ley Military Commissions Act de 2006, forzada a través del congreso justo antes de las elecciones preliminares de 2006, permite el encarcelamiento indefinido de alguien que dona dinero a una sociedad de beneficencia que aparece sobre una lista de organizaciones "terroristas", o quien habla en contra de las políticas del gobierno. La ley solicita juicios confidenciales para ciudadanos y no ciudadanos.

También en 2007, la Casa Blanca instauró silenciosamente el Decreto presidencial 51 de Seguridad Vacional (NSPD - 51), para asegurar la "continuidad del gobierno" en caso de lo que el documento vagamente llama una emergencia "catastrófica." Si el presidente determina que tal emergencia ha existido, él y él solamente se otorga poderes para hacer lo que juzgue necesario para asegurar "la continuidad del gobierno." Esto podría incluir todo desde cancelar las elecciones a suspender la Constitución o a lanzar un ataque nuclear. El congreso tiene que aún tener un debate sobre NSPD - 51.

El republicano Jane Harman, D-Venecia (Los Angeles County) ha sacado una nueva manera de expandir la " guerra sobre el terror" nacional. Su ley Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007 (HR1955), aprobada por la Cámara en un voto desproporcionado de 404-6, establecería una comisión para "revisar e informar sobre los hechos y las causas" del supuesto violento radicalismo y la ideología extremista, y luego hacer las recomendaciones legislativas para combatirlo.

De acuerdo con el comentario en el Baltimore Sun, el republicano Harman y sus colegas de ambos lados de los banquillos creen que el país enfrenta un terrorismo nativo, y necesita una comisión con un dramático poder para combatirlo.

Una pista respecto a donde la comisión de Harman podría estar apuntando es la ley Animal Enterprise Terrorism Act, una ley que etiqueta a aquellos que "participan en protestas pacíficas  de tipo sit-ins, en resistencia pasiva, en intrusión, o cualquier otro crimen en el nombre de los derechos de los animales" como terroristas. Otros grupos en el colimador podían ser manifestantes antiabortistas, agitadores anti-impuesto, activistas de inmigración, ambientalistas, demostradores de la paz, partidarios de derechos de la Segunda Enmienda.... y la lista continúa. De acuerdo con la escritora Naomi Wolf, el National Counterterrorism Center posee los nombres de aproximadamente 775,000 "sopechosos de terrororismo" con el número aumentando de 20,000 cada mes.

¿Qué está considerando el gobierno que podría llevarlo a considerar planes de contingencia para detener millones de sus propios ciudadanos sin dejarles ningún recurso? La Constitución no debiera permitir que el ejecutivo tenga un poder sin restricción bajo cualquier circunstancia. Las personas no deben permitir que el presidente use la guerra contre el terrorismo para gobernar por el miedo en lugar de hacerlo con la ley.

Lewis Seiler es el presidente de Voice of the Environment,  Inc. Dan Hamburgo, un ex congresista, es Director Ejecutivo.

Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article19333.htm