LA DICTADURA CONTINUA EN EL CAMPO: CRIMEN Y DESPOJO

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La dictadura continúa en el campo: Crimen y despojo.
Arnaldo Pérez Guerra - [e-mail]
Monday, Apr. 25, 2005 at 10:11 PM

La familia Barrera fue despojada de sus tierras en El Pangue y Curacaví por un empresario vinculado a la dictadura de Pinochet, amigo de carabineros de Curacaví. Los mismos que fusilaron a José Guillermo Barrera Barrera.

La dictadura continúa en el campo
 Crimen y despojo

 Libertad / La Insignia
 Arnaldo Pérez Guerra (*)

 Entre Curacaví y Casablaca, cerca de Colliguay, se encuentra El Pangue, caserío de pequeños agricultores. Buena parte de ellos trabajaron durante el gobierno de la Unidad Popular en la ejecución del Canal Prosperidad, que iba a traer agua desde el río Maipo hasta el lago Peñuelas. Eran campesinos allendistas, en especial la familia Barrera, la más antigua del paraje.

En septiembre de 1973, José Guillermo Barrera Barrera fue detenido por carabineros de Curacaví. Supuestamente sería llevado al Estadio Nacional, pero lo fusilaron junto a otros detenidos en la Cuesta Barriga. Sobrevivió, pero seis meses después fue hecho desaparecer por el teniente Gerardo Aravena Longa. Este 14 de marzo se cumplieron 31 años.

 Los Barrera sufrieron la represión, desperdigándose en el exilio y por el sur de Chile. Abandonaron casas en Curacaví y algunas hijuelas en El Pangue, lo que fue aprovechado por Julio Chenevey Buscaglia, un empresario minero que llegó a la zona a fines de los 70. A poco andar, Chenevey supo lo sucedido gracias a sus buenas relaciones con carabineros y militares de Curacaví, quienes le informaron que esas tierras estaban abandonadas y algunas sin inscripción.

Se dio a la tarea de conseguir un título que amparara su posesión de hecho. Para ello compró derechos sobre una pequeña hijuela de forma fraudulenta. Luego, transformó una inscripción de dominio donde no aparecía la extensión. Así, por arte de magia, un sitio de 70 hectáreas fue reinscrito como si tuviera más de 2.500, con lo cual superpuso la inscripción sobre todos los terrenos de la familia Barrera, apropiándoselos. Creó una inscripción mediante alquimias notariales.

Luego, haciendo vista gorda, funcionarios de la dictadura del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autorizaron la subdivisión de la hijuela como si se tratara de una hacienda, multiplicando 36 veces su extensión original. Chenevey omitió la existencia de otros herederos y logró que el Juzgado de Casablanca le otorgara derechos sobre esa herencia de forma “exclusiva”. Nadie reclamó por miedo y desconocimiento. Además, Chenevey se hacía cuidar por carabineros de Curacaví a quienes invitaba a pescar y cazar.

 Hay evidentes irregularidades. La inscripción de dominio de Chenevey está ubicada a varios kilómetros del lugar que usurpó. El Servicio de Impuestos Internos (SII) le otorgó un rol que indicaba la inscripción original: 50 cuadras, que equivale a unas 70 hectáreas, pero luego, aduciendo la existencia de un “error de trascripción”, modificó la superficie a 2.600 hectáreas.

El paso siguiente fue confeccionar un plano para un Plan de Manejo Forestal que fue protocolizado en una notaría. Con ese plano, inscribió el terreno ante el Conservador de Bienes Raíces que no comprobó los títulos originales. El SAG certificó la subdivisión de la parcela en 11 lotes que superan con creces la superficie del verdadero predio. Después de esto, Chenevey transfirió la mitad de las parcelas a una nueva sociedad representada por el empresario Alberto Cafati Dabed.

Chenevey ha amasado fortuna “importando arenas de Ecuador”. Para aprovecharse de la tragedia de los Barrera ha sido convenientemente asesorado por un staff de abogados, uno de ellos parte del prestigioso estudio Alessandri. Es dueño de varias empresas: Belrich Chile Investment Inc., Invecsur Ltda., Holding Def Panamá, Poilapillo Ltda. Desde que llegó a la zona demostró tener muy buenas relaciones con carabineros, quienes pescaban en el coto donde está el tranque, en los terrenos que pertenecen por derecho a los tíos de José Guillermo y Víctor Barrera. Incluso se dio el lujo de apresar a un campesino de apellido Amador -oriundo de Colliguay-, quien ingresó al terreno en busca de sus animales.

 A sabiendas que había un despojo

 “Somos oriundos de El Pangue, a unos 30 kilómetros de Curacaví, donde nace el río. Nuestra familia es fundadora de ese lugar hace más de 200 años. Nuestras tierras fueron usurpadas y hasta ahora no las hemos recuperado a pesar que tenemos los títulos y registros. El Fundo Chonchón fue comprado de forma fraudulenta. La justicia no se aplica y el tiempo va pasando. A principios de los 80, ese empresario, adulterando documentos y usando artimañas tomó posesión de todas las tierras, inscribió mucho más de lo que le corresponde”, señala Víctor Barrera. Chenevey perjudicó a tres ramas de la familia Barrera y a otros vecinos.

 El sector fue dividido a comienzos de 1900, Pangue Arriba y Pangue Abajo, hoy conocido como El Crucero, de propiedad del abogado Carlos Gatica Illanes, uno de los afectados por el empresario.

 Amigo de la infancia de los Barrera, Gatica se ha dado a la tarea de recuperar los terrenos. Hace cinco años se inició un proceso judicial. “Estudiando los títulos me di cuenta de las tropelías de Chenevey y funcionarios de la época. Por arte de magia multiplicaron una pequeña hijuela en una enorme hacienda. Interpusimos una demanda civil, actualmente en trámite, e impugnamos el hecho de que el juzgado le haya dado en forma exclusiva una herencia de forma fraudulenta, omitiendo la existencia de los verdaderos herederos. Acabamos de ganar ese juicio en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Lamentablemente, el Juzgado de Casablanca se sigue negando a las evidencias de este despojo, pero eso no podrá mantenerse mucho más. Se debe restituir el terreno a sus legítimos dueños y herederos”, dice Gatica. Después de dos décadas, se hizo justicia en parte pues el máximo tribunal dictaminó que Julio Chenevey no es el dueño de los títulos sobre la hijuela. Otro juicio solicita que se declare nulo el plano con el cual multiplicó en forma artificial la extensión de los terrenos.

 En estos años, las tropelías han continuado. Cualquiera se puede dar cuenta de lo que realmente ocurrió y cómo se les despojó aprovechando la impunidad de la dictadura, su represión y asesinato. El juez de Casablanca, Wilfredo Orellana, se niega a reabrir el sumario en el que dictó sobreseimiento temporal en enero de 2002, por lo que el abogado que patrocina la causa, Juan Bustos, debió presentar un recurso de queja.

La familia Barrera recuerda con angustia cuando presentaron documentos y certificados que los acreditaban como los herederos, incluso una confesión del demandado. Pero el tribunal inexplicablemente se negó a otorgar una medida precautoria que impidiera que Chenevey siguiera “transfiriendo” tierras. Chenevey vendió derechos a su socio Alberto Cafati Dabed, financista y empresario árabe, que construyó una mansión de más de 300 millones de pesos sobre los cimientos de la antigua casa de los Barrera en El Pangue. “Cafati deberá devolver el terreno y ‘demandar’ a Chenevey.

Tengo la impresión, por el precio que pagó por el fundo, que compró a sabiendas que había un despojo a campesinos humildes que jamás reclamarían sus derechos por temor”, señala Gatica. Cafati tiene una empresa de molduras y construcciones interiores, Sodeco S.A. Building Products, y se dedica a las tejuelas de alerce.

 “Demolieron nuestra casa para construir un retén y calabozos”

 Juan Antonio Barrera, padre de José Guillermo y de Víctor, fue despojado, además, de otra casa el mismo 11 de septiembre de 1973. Su vivienda, a pocas cuadras de la plaza, fue requisada por el alcalde designado y entregada en comodato a Carabineros de Curacaví, que la usó durante 23 años. Nunca le pagaron nada. ¿Qué explicación le dieron? Ninguna. Construyeron calabozos que aún están ahí.

El alcalde de esa época -y de hoy- es Guillermo Barros, actualmente UDI. “Esa propiedad la arrendábamos a un partido político, pero después del golpe militar fue tomada por carabineros. Hablamos con el teniente de carabineros de la época y nos hizo saber que ‘el municipio los había colocado ahí’. Nos dijo que ese terreno ‘era una propiedad municipal’, y que ‘se las habían cedido en comodato’. Fuimos al municipio a solicitar que nos la devolvieran, pero nos dijeron que había que hablar con carabineros. Eso fue unos diez años después del golpe.

Esperamos que el tiempo pasara y, en 1992, supimos que se construía un retén definitivo. Se cambiaron y la propiedad quedó en manos de un funcionario policial. En 1996, un vecino nos avisó que habían dejado el terreno. Le pusimos candado y un letrero: ‘propiedad privada’, esperando ver qué pasaba. Recibimos una demanda del juzgado de Casablanca por ‘invadir una propiedad fiscal’. Le dijimos al juez que la municipalidad y Carabineros -que amenazó con desalojarnos- debían presentar documentos y que si no lo hacían no tenían nada que reclamar. No nos llamaron más.

El 2002, el abogado del municipio nos señaló que ellos ‘habían construido en la propiedad y exigían ser compensados’. Le dije: ‘Ustedes usurparon 23 años nuestra propiedad y no nos compensaron jamás. Además, demolieron nuestra casa para construir un retén y calabozos’. La conversación quedó en eso y nada más”.

 “Aquí hay un abuso flagrante donde se coludieron empresarios, funcionarios de la dictadura y personas del poder judicial. Después de la tragedia que ocurrió con mi hermano uno queda con una sensación de indefensión, que la justicia no funciona”, agrega Víctor Barrera. Una pequeña esperanza se ha abierto en los corazones de los Barrera, luego del procesamiento del teniente Aravena.

El miedo y el silencio comienzan a romperse lentamente. “Siento impotencia porque durante todos estos años no logramos la fuerza para recuperar lo que nos pertenece, lo que nos arrebataron. No hemos recurrido al gobierno ni a parlamentarios. Todo lo hemos hecho en las instancias legales... No sirvió de mucho, pero pienso que ahora hay una pequeña brecha y que la verdad puede encontrar la luz”.

 (*) En Curacaví y El Pangue. Una versión resumida de este artículo fue publicada en Punto Final Nº 588 del 1º al 14 de abril de 2005.

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