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Derechos Humanos Ahora!

CHILE: DECLARACIÓN PRIMER CONGRESO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Enviado por solidaridad de Celsa Parrau 

Santiago de Chile, 10 de diciembre de 2007.

A todos y todas los chilenos y chilenas,

A todos los pueblos de Chile,

A la comunidad internacional:

A un año de la muerte del dictador Augusto Pinochet Ugarte, autor de las mayores atrocidades y atropellos a los Derechos Humanos en Chile, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reunidas en el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos entre los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2007, en las aulas de la Universidad de Santiago de Chile, ex Universidad Técnica del Estado, hemos sentado las bases de la Plataforma de Derechos Humanos que guiara nuestras luchas en el siglo XXI.

El Congreso Nacional de Derechos Humanos congregó a 350 representantes del país; de los cuales 140 correspondieron a regiones y pueblos de Chile; 10 delegados provenientes de Suecia, Alemania, Francia, Austria y Australia, los que participaron en representación de los chilenos en el exterior; y 200 delegados de la región Metropolitana.

Por primera vez se integraron públicamente en el debate social, las distintas dimensiones de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos.

El Congreso nacional de Derechos Humanos después de realizar un diagnóstico acerca del estado de la situación actual de los derechos humanos en el país llegó a la conclusión que:

- 17 años de políticas públicas impulsadas y ejecutadas bajo los principios del neoliberalismo han dado como resultado un aumento de la desigualdad e inseguridad del respeto a los derechos elementales que garanticen el desarrollo pleno de las personas en Chile, durante todo el ciclo de su vida.

- El Estado de Chile es estructuralmente violento en relación al incumplimiento de los derechos civiles y políticos de los integrantes de las regiones y pueblos de Chile, en particular del pueblo Mapuche.

- El Estado de Chile es autor y cómplice de la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.

- El Estado de Chile es participante activo en la transgresión de los derechos colectivos de   los pueblos.

- Las fuerzas políticas representadas en los poderes del Estado no han tenido la voluntad de cambiar la situación; por el contrario, han tomado decisiones y efectuado medidas que ahondan la condición de vulnerabilidad de los derechos humanos. En consecuencia, tienen responsabilidad directa en su desacato.

- En tanto, el Estado de Chile sustente una orientación neoliberal y resguarde el marco jurídico de la Constitución de 1980 y sus modificaciones, los derechos fundamentales de las personas se encontraran en un estado permanente de vulnerabilidad.

Visto así y sensibilizados por las justas demandas de nuestra ciudadanía, las organizaciones representadas en este Primer Congreso de Derechos Humanos nos hemos propuesto elaborar una plataforma de derechos humanos para el siglo XXI que permita hacernos cargo e impulsar:

- La toma de conciencia respecto a que todos los problemas, vejámenes y mala calidad de vida se deben al incumplimiento de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres de las regiones y pueblos del país.

- La ampliación y extensión del espectro de participación en la lucha por el cumplimiento de las garantías que contienen los articulados de las distintas declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos.

- La entrega al Gobierno y al Parlamento de la Plataforma de los Derechos Humanos para el Siglo XXI.

- Difundir ampliamente, por todos los medios posibles, las conclusiones del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

- Realizar en todas las comunas del país sesiones de debate y reflexión en relación a los resultados del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos.

- Diseñar participativamente una agenda que movilice a las mayorías de la ciudadanía comunal, regional y nacional, hacia un proceso que culmine con la realización de una Asamblea Constituyente que nos dote de una nueva institucionalidad política, fundada en el respeto de los Derechos Humanos en una perspectiva integral y que tenga al ser humano como valor central de dicha institucionalidad.

En cuanto a las aspiraciones y propuestas de la Plataforma de Derechos Humanos para el Siglo XXI, es posible adelantar:

- La necesidad de la refundación política y jurídica de Chile a través de una Asamblea Constituyente que tenga por objetivo la elaboración de una nueva carta fundamental que:

Reconstruya la autoridad soberana del Estado Social mediante una democratización del sistema político y la reorganización democrática de la justicia.

Recobre nuestros recursos naturales y estratégicos. Instrumentos claves para definir y sustentar la vida futura en el país.

Recupere las empresas encomendadas de generar, administrar y distribuir los servicios públicos básicos para una vida digna y soberana de todos y todas. Nos referimos a: Transporte público, agua, electricidad, salud, vivienda, educación y seguridad social. Servicios que no pueden tener como objetivo el lucro sino que cumplir con una necesidad básica de la ciudadanía para una vida en armonía, paz y seguridad.

Reconquiste el trabajo digno, el pleno empleo, la producción de Chile para Chile y el salario real y justo de todos los trabajadores y trabajadoras que se desempeñen en el país.

Combata la corrupción y la inseguridad.

Proteja efectivamente el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación.

Reconozca la condición multinacional y pluricultural del Estado de Chile.

Asegure la libertad de expresión y prensa a través de una política de comunicación plural y participativa.

Respete y defienda la diversidad sexual, de género, y la libertad que implican los derechos sexuales y reproductivos.

Fomente y ejerza, efectiva y eficientemente la inclusión social de los ciudadanos que tienen algún grado de   discapacidad psíquica o física.

Construya una sociedad basada en la verdad y la justicia donde la impunidad no sea una propiedad que ampare el actuar de los funcionarios y funcionarias del Estado. Así, como también evite y sancione el abuso de los grupos económicos y de poder que actúan arbitrariamente en el país.

Finalmente, el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos declara en lo inmediato:

1.- Dar inicio de manera democrática y participativa al proceso social que derive en la conformación de una Asamblea constituyente;

2.- Exigir al Estado de Chile y a sus representantes la libertad definitiva de los prisioneros políticos mapuches y el fin de la aplicación de la ley antiterrorista ante sus demandas políticas, sociales y culturales;

3.- Rechazar la incorporación de Chile al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta que el Estado de Chile no se comprometa e implemente el cumplimento fiel, íntegro y justo de cada una de las disposiciones de las cartas internacionales en la materia;

4.- Rechazar el proyecto de ley,   que crea el Instituto de Derechos Humanos, ya que no da garantías de autonomía y defensa efectiva frente a las violaciones de los derechos fundamentales.  Así mismo, rechazamos su emplazamiento en la ex casa de tortura de Londres 38.

5.- Exigir la libertad a los prisioneros políticos chilenos en el extranjero mediante peticiones a organismos nacionales e internacionales;

6.-  Apoyar con fuerza las gestiones y peticiones de todos y todas las familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en su justa pretensión de castigo efectivo a los culpables. De igual forma, rechazamos las medidas de prescripción así como la aplicación velada de la ley de amnistía en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. En ese sentido, apoyamos a la familia de Jecar Nehgme Cristi en sus críticas y peticiones a la Corte Suprema, caso que será visto en última instancia este miércoles 12 de diciembre.

7.- Solidarizamos con los trabajadores que se encuentran en la toma de la escuela Santa María de Iquique por el reclamo justo de sus derechos laborales.

8.- En materia de cooperación internacional, exigimos al estado colombiano que asegura la integridad física y psíquica de los abogados de derechos humanos. El Congreso Nacional de Derechos Humanos hará llegar a los organismos internacionales respectivos, a la corte interamericana y al Estado colombiano una declaración dando cuenta de esta situación.

10.- Exigimos la revisión transparente y de cara a la ciudadanía de la política de cooperación militar en misiones en el extranjero.  Rechazamos el envió de militares chilenos a la Escuela de las Américas y exigimos el cese de dicho convenio. Nos parece ofensivo que el estado de Chile continúe enviando militares a especializarse a dicha academia militar, siendo que en el pasado reciente, dicha instrucción fue utilizada para implementar la tortura, ejecución y desaparición de personas en todo el territorio nacional.

11.- Solidarizamos con la demanda de que se legisle afirmativamente en relación al derecho a   voto de los chilenos en el exterior. Exigimos que se recupere su ciudadanía plena, arrebatada por la legislación pinochetista.

12.- Exigimos se termine con la persecución a todos y todas los inmigrantes, ningún ser humano es ilegal. A igual trabajo igual salario. Libertad de transito a todas las personas.

Por una Vida Justa y Digna

Por un País Justo y Digno

Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos.

LA PLATA: AYUDANOS A ENCONTRAR A MARIANA

Mensajede REDH difundido por Política Cono Sur 

(Debajo del Mensaje original, la nota de REDH)

Por favor reenviá este e-mail para que Laura pueda encontrarse con su hermana.
Ayudanos a buscar a Mariana!

Querida Hermana:

Soy Laura, hija de Nora Susana La Spina y Jorge Nestor Cena. Nuestros padres fueron secuestrados por la dictadura militar entre el 15 y 20 de Noviembre de 1976 en La Plata, en calle 34 entre 13 y 14. Mamá estaba embarazada de vos y esa misma noche naciste en una comisaría. Tres días pasaste con ella, mamá te puso el nombre de Mariana, que es tu verdadero nombre. Luego te llevaron y nunca más supimos nada de tu paradero.

Nuestros padres están desaparecidos. Yo te busco desde hace años, sos mi única hermana y mi deseo es que estemos juntas. Quiero que sepas que tenés una familia que te espera y te ama, y a pesar de que nunca te vimos sabemos que estás viva. Ojalá que si alguien sabe algo de vos nos ayude a encontrarte.

Si hay algún dato, por mínimo que sea, por favor escribir a

lauraymarianajuntas@...

Muchas gracias.



MENSAJE DE REDH

Hace unos años enviamos un mensaje muy similar a este, donde Clara Petrakos busca a su hermana Victoria. Ese mensaje aún continúa rodando por Internet, como aún continúa la búsqueda de Clara. Hoy es la misma Clara quien nos hace llegar la búsqueda de Laura.

Creo que no tiene sentido cambiar el texto con que acompañé la búsqueda de Victoria, por tanto esta nueva búsqueda se abre camino de la misma manera. Pronto esperamos tener novedades tanto de Victoria como de Mariana, y de todas y todos a quienes buscamos:

Se solicita máxima difusión para este pedido. REDH ha distribuido el mensaje a una nómina de 26.085 direcciones suscriptas a su lista. Se espera que gran parte de uds. tome la campaña de búsqueda como propia y reenvíe el pedido a su grupo de contactos (como siempre en copia oculta a fin de no favorecer cadenas que terminan siendo bases de datos para campañas de e-marketing).

Cada uno de uds. puede sumarse a la campaña de la manera en que consideren sea más propicia: reenviándola, imprimiendo volantes, difundiéndola en medios a los que pertenezcan.

No importa el país o región adonde se envíe el llamado de Clara, no existen datos que restrinjan la búsqueda a Argentina. Cualquier orientación que tome esta búsqueda puede resultar definitoria, esperemos que así sea.

Un Gran abrazo,

Carlos D. PEREZ
Coordinador General de REDH
(Red Solidaria por los Derechos Humanos)

http://www.redh.org



_______________________________________________
REDH - Red Solidaria por los Derechos Humanos
http://redh.org/mailman/listinfo/redh_aportes_redh.org

CARABINEROS DE CHILE TORTURA Y ASESINA CHILENOS EN DEMOCRACIA

Por Daniel Labbé

Fuentes: www.ciudadinvisible.cl/ y www.elclarin.cl


Como Daniel Menco, Alex Lemún o Rodrigo Cisternas, el joven porteño Yovani Reyes murió a manos de Carabineros. Al interior de una comisaría, las dos bolsas con droga que portaba terminaron fatalmente atascadas en su garganta. Todo indica que lo mataron las mismas prácticas represivas sobre las que alertara hace años la ONU y también ex uniformados chilenos. Relatos de violencia psicológica, palizas, corriente, muerte e impunidad.


Y El hombre mordió al perro. En las protestas del pasado 11 de septiembre un civil mató a un carabinero. Cristián Vera se llamaba. El hecho campeó en la agenda de los medios y alcanzó relevancia tal que el Senado le brindó un minuto de silencio al difunto, la Presidenta viajó a su velorio en Lebu y el ministro del Interior hasta planteó la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado al responsable. Algo similar ocurrió semanas atrás, en el sepelio del cabo segundo Luis Moyano, tiroteado en un asalto a un banco. Todos decidores gestos que ya se habrían querido los familiares de inocentes asesinados por uniformados en democracia.


Daniel Menco, Claudia López, Alex Lemún y Rodrigo Cisternas son los nombres de algunos de ellos, a quienes podríamos sumar el de un “anónimo” Yovani Reyes de Valparaíso. Además de la pérdida, sus familiares comparten el tener que batallar en tribunales militares, y no civiles, contra la impunidad. Con Reyes hay esperanzas, cree su abogado, aunque la experiencia en estos casos dicta lo contrario.



Duerme tranquila /niña inocente…


Es pasada la una y media de la madrugada, del 15 de abril de 2006, y en la Primera Comisaría Sur de Playa Ancha, una joven Ingrid Gómez se comienza a angustiar con las carreras, órdenes y susurros de pasillos de los nerviosos uniformados de turno. Ha ido a buscar a su pareja, Yovani Reyes Sepúlveda (23), pues sólo por vecinos del sector de Marina Mercante se ha enterado que ha sido detenido. Lo que no sabe es que llegó tarde: Yovani yace muerto en el lugar.


Reyes Sepúlveda ha pasado a formar parte de la lista de fallecidos en manos policiales que ni las iniciativas legales impulsadas por los gobiernos de la Concertación han podido disminuir. Para prueba, algunas cifras del estudio de FLACSO “Denuncias por actos de violencia policial en Chile 1990-2004”:  las denuncias por “violencia innecesaria” aumentaron de 63 en 1990, a 189 en 1999, y 264 en 2004; por “violencia innecesaria más muerte” sólo entre 2001 y 2004 se cuentan 5 (antes de ese período no hubo); y en cuanto a las “muertes en calabozos” entre 1990 y 2004, las denuncias alcanzan las 56, siendo los años 97 y 99 los más graves con 9 cada uno.


La Corporación de los Derechos del Pueblo (Codepu), con vasta experiencia  en el monitoreo y patrocinio en esta problemática, nos da una primera conclusión. En un informe sobre tortura entregado a la ONU el 2004 plantea que, si bien no se puede hablar de violaciones a los derechos humanos como políticas institucionales y sistemáticas como ocurría en dictadura, sí se puede plantear que éstas prácticas no están erradicadas entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


Lo ocurrido con Yovani Reyes hoy es materia de una investigación por parte de Fiscalía Militar, y hasta ahora se han realizado dos reconstituciones de escena. Esa noche, Reyes fue sorprendido bebiendo alcohol en la vía pública, por lo que fue detenido junto a otras
personas y llevado al recinto policial. Al momento de la revisión se le encontraron dos pequeñas bolsas, una con cocaína y otra con marihuana. La versión de Carabineros reza que en un momento de distracción de los uniformados a cargo, Reyes se las habría tragado, lo que finalmente le produjo la muerte por “asfixia por cuerpo extraño en la vía aérea superior”, según el acta de defunción del Instituto Médico Legal de Valparaíso.


Sin embargo, para el abogado de la familia de la víctima, Alfredo Chaparro, la información recabada hasta ahora permite plantear que al menos hubo “negligencia” por parte de Carabineros. Chaparro plantea que Reyes fue esposado con sus manos adelante y no en la espalda, como se hace justamente para impedir el accionar de los detenidos. Sin embargo, los antecedentes le permiten ir más allá: cree que a los responsables se les debe acusar de “homicidio”...



... Vamos sin miedo tras el bandido...


La madre de Reyes, Astrid Sepúlveda, y la pareja de este, Ingrid Gómez, declaran haberlo visto muy golpeado cuando lo fueron a reconocer ya muerto. “Estaba todo moreteado; en los brazos, las manos, en las piernas”, aseguran las familiares, quienes piensan que antes de su deceso Yovani fue agredido por los funcionarios a cargo del operativo. No obstante, la constatación de lesiones no alcanzó a realizarse.


Testigos “privilegiados” de este tipo de abusos dicen ser los ex cabos de Carabineros, Myriam Alejandra Solís Fernández y Julio César Pino Ubilla, quienes el año 2003, entregaron a la Corte de Inmigración de Inglaterra un documento rotundo. En "Chile, un país en falsa democracia" detallan, entre otros actos represivos, numerosos casos de maltrato y torturas a detenidos que presenciaron. "Mientras pertenecí en la institución, observé en reiteradas oportunidades cómo se torturaba a detenidos”, asegura Julio Pino.


La “asfixia” con bolsas en la cabeza o el sumergimiento de ésta en agua; las “palizas” colectivas de uniformados contra el detenido; el “teléfono” o golpes simultáneos en ambos oídos de la víctima con las palmas abiertas; la “tortura psicológica”, intimidación y amenazas; la “ruleta rusa”, que consiste en percutir en la nuca del prisionero el arma de fuego del policía sin municiones; la “crucifixión”, donde el detenido permanece horas colgando de sus brazos atados a los barrotes de la celda sin tocar el suelo; y la “tortura eléctrica”, o aplicación de corriente en dedos, pezones, genitales o la lengua, serían los "métodos más habituales utilizados por las fuerzas policiales en Chile" post dictadura, según los ex uniformados.


“(...) Uno de los oficiales tomó una botella de cerveza que estaba ingiriendo el joven Luciano y se la rompió en la cabeza y lo puso contra la reja a objeto de que un perro que se encontraba detrás de esta lo mordiera en la cara (...) A consecuencia de los golpes, la sangre del joven manchó el piso del lugar y lo obligaron a limpiar con la lengua dichas manchas. Posteriormente lo vendaron y le exigieron estar con las piernas abiertas, dándole puntapiés en los testículos (...)”, describe uno de los tantos hechos relatados en el documento por el ex carabinero Julio Pino. Tras haber decidido contar esta y otras aberraciones, por su seguridad se encuentra desde el año 2003 en Londres.



… la Ley / espejo de nuestro honor…


El 2004, con siete años de retraso, el gobierno chileno entregó un informe obligatorio al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, donde la postura fue clara: "la práctica sistemática de la tortura termina definitivamente con la instauración de los gobiernos democráticos". Sin embargo, para la ONU dicha claridad no es tal y por ello explicitó que entre sus preocupaciones están "las denuncias sobre la persistencia de malos tratos a personas, en algunos casos equivalentes a torturas, por parte de carabineros, la policía de Investigaciones y gendarmería, y el hecho de que no se proceda a una investigación completa e imparcial de esas denuncias".


Por una parte, tenemos los sumarios internos de Carabineros, donde la regla general es que se absuelve al funcionario por estimarse que se utilizó la fuerza necesaria para la captura de una persona. Por otra, están las investigaciones en Justicia Militar.


Ocurre que Chile es de los pocos países democráticos en donde las denuncias por violencia policial son investigadas por tribunales militares. Estamos hablando de un “poder” con fuerte y directa dependencia de la jerarquía militar, al margen de las exigencias que debe tener todo órgano jurisdiccional que forma parte de un poder del Estado dentro de un sistema democrático.


La excesiva competencia y las disposiciones del Código de Justicia Militar arrastran a esta sede jurisdiccional los casos que deberían ser juzgados ordinariamente. Es más, en el “Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2005” de la Universidad Diego Portales (UDP), se cita una decidora situación: “cuando se presentan denuncias ante el Juez del Crimen este suele declararse incompetente y traspasar el caso a la Justicia Militar”.


En el mismo informe, pero del 2003, se concluye también que “mientras las agresiones contra funcionarios policiales son investigadas y sancionadas (usualmente con penas altísimas), los apremios cometidos por policías a ciudadanos en el momento de la detención no llegan a ser esclarecidos y menos sancionados”.


La Ley 19.567, de 1998, una de las iniciativas gubernamentales para enfrentar el tema de la violencia policial es, no obstante, muy clara: tipifica el delito de tortura, fijando una pena de 541 días a 5 años al empleado público que aplicare tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales a una persona privada de libertad.


En la mayoría de los casos ocurren dos situaciones, según coinciden varias investigaciones revisadas sobre el tema. La primera, y más habitual, es que se dictamine sobreseimiento para el uniformado acusado de acuerdo al artículo 409 número 1 del Código de Procesamiento Penal, el cual establece que se podrá sobreseer cuando no exista evidencia de que el hecho denunciado constituya delito. La segunda, aun más paradójica y grave, ocurre en aquellos casos en que luego de años de un proceso se logra acreditar la existencia del delito, pero no se puede aplicar la sanción legal por desconocerse la identidad del funcionario que cometió el abuso.


… del sacrificio / somos emblema…

Dos reconstituciones de escena, con la declaración de todos los testigos involucrados, más la confianza en el profesionalismo de la jueza que lleva el caso del porteño Yovani Reyes, hacen pensar al abogado Alfredo Chaparro que esta vez se hará justicia.


Mas las cifras son desalentadoras: “a partir de 1997 (y hasta 2003) los dictámenes que incluyen sentencias condenatorias son apenas el 1,4% de las causas terminadas” en Justicia Militar, apunta el estudio de FLACSO “Denuncias por actos de violencia policial en Chile 1990-2004”.


Los mismos datos entregados por Carabineros en el informe del gobierno chileno al Comité Contra la Tortura de la ONU el 2004, señalan que entre 2001 y 2003 se habían investigado un total de 276 casos por uso de fuerza o violencia innecesaria, de los cuales 73 habían resultado en medidas disciplinarias, equivalentes a días de detención no precisados, y la remoción del puesto o baja fue aplicada a un solo funcionario.


Peor aún, según lo que ha podido concluir Codepu, "en los casos en que los Carabineros son efectivamente sometidos a proceso o condenados, éstos no permanecen privados de libertad por más de un par de días; además, son recluidos en unidades policiales".


Sin ir más lejos, la mayoría de las personas inculpadas, procesadas y condenadas por la justicia militar son civiles. De hecho, según la investigación de FLACSO, hubo entre 1990 y 2004 un promedio de 20 civiles condenados por año por “Maltrato de obra a Carabineros”, con un promedio de 540 días de reclusión. Jonathan Labarca, estudiante de la Universidad de Atacama, fue uno de ellos. En agosto de este año fue condenado a tres años de prisión por lanzar una bomba molotov contra la policía en una protesta estudiantil en julio de 2002.



… somos del débil / el protector…


Pero aún así el abogado Alfredo Chaparro tiene confianza en que se hará justicia con Yovani Reyes. Según él, de lo menos que se puede acusar a los responsables es de “cuasidelito de homicidio”, considerando que en un arresto el procedimiento correcto es “mantener al detenido alejado de cualquier mecanismo que pudiera ser utilizado para (auto) dañar su integridad física”, explica, y no dejar al alcance de las manos dichos elementos, como habría ocurrido con las dos bolsas de drogas que terminaron con la vida de Reyes.


No obstante, plantea el abogado, “el cuasidelito implica sólo culpa y no dolo de los responsables en el hecho”. Por ello es que para él la acusación debe ser por el “delito de homicidio”. De hecho, es aquí donde está centrada la investigación, ya que según habrían declarado otros detenidos que estuvieron esa noche con Reyes, “éste habría sido instado a echarse a la boca la segunda bolsa” por los carabineros a cargo del procedimiento, relata Chaparro. Algo así como, “ya po, si te tragaste una dale con la otra”, grafica el profesional, acción que configuraría el delito de homicidio, pues como explica, habría en ella “dolo o intención de causar un daño”.


Ese día, al ser registrado, a Yovani Reyes se le encontró una cantidad de droga evidentemente destinada a un consumo personal; pero la detención fue por tomar alcohol en la calle. De ahí que venga bien citar al ex uniformado Julio Pino, quien en su documento "Chile, un país en falsa democracia", dispara: "Lo habitual e impune de estas prácticas (torturas) en todo el país, convierte a cualquier ciudadano en una posible víctima".



Menco y Lemún. Dos veces impunidad


Daniel Menco, estudiante muerto de un balazo en la cabeza el 19 de mayo de 1999 en una protesta en la Universidad de Tarapacá, es quizás el caso más conocido de personas asesinadas por carabineros en el último tiempo; pero lo es también por la impunidad en que quedó su muerte. El 2003 la Corte Marcial condenó a tres años de presidio por el delito de “cuasidelito de homicidio” al mayor de Carabineros, Norman Vargas Aragón. Determinó, además, que la pena se debía cumplir de manera remitida sin ingresar a un recinto carcelario. Sin embargo, en mayo de 2005 la Corte Suprema dejó pendiente dicho fallo, debido a que aceptó un recurso de casación (el cual tenía por objeto anular una sentencia), interpuesto por el uniformado.


El otro caso es Alex Lemún. El 29 de agosto de 2003 el fiscal militar de Angol formuló cargos por "violencia innecesaria con resultado de muerte" contra el mayor de Carabineros Marcos Treuer, quien el 7 de noviembre de 2002 habría disparado y dado muerte al joven mapuche Alex Lemún, de 17 años. El fiscal concluyó que al efectuarse el disparo mortal no existía un peligro real e inminente para la integridad de Treuer ni la de sus subordinados que justificara efectuar disparos con la escopeta de la forma que se hizo.


Sin embargo, el uniformado apeló a la Corte Marcial y planteó que ese día había oído un disparo, y una bala había pasado cerca de él y sus hombres, y que por ello había decidido utilizar munición real para protegerles. Aún cuando no se encontraron pruebas materiales que demostraran que los mapuche habían disparado realmente un arma, la Corte quedó satisfecha con esa versión y retiró los cargos en su contra.


Según ha planteado Rodrigo Lillo, abogado del Observatorio de Derechos Indígenas de Temuco y representante de la familia de Lemún, la sanción administrativa en contra del mayor Treuer se habría limitado a un par de días de arresto, no sabiéndose si su cambio de destinación fue parte de esa sanción.


Links bibliográfícos:


Estudio completo de FLACSO: “Denuncias por actos de violencia policial en Chile 1990-2004” en: http://www.flacso.cl/flacso/ biblos.php?code=1245


Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2005 en: http://

www.udp.cl/derecho/derechoshumanos/informesddhh/informe2005/abusos_policiales.pdf

Texto completo “Chile, un país en falsa democracia” en: http://amadolascar.com/revista/actas/texto_91.shtml


Daniel Labbé

www.ciudadinvisible.cl


Artículo publicado en www.ciudadinvisible.cl y cedido a Clarín por el autor.

 

PRESOS POLITICOS MAPUCHE EN ESTADO CRITICO


Boletin
Noviembre-2007

newen_mapuche's photo from 11/19/07 

¡¡ PRESOS POLITICOS MAPUCHE

EN ESTADO CRÍTICO

!! 5º Comunicado a 40 días en huelga de hambre

publicado el:Lunes 19 de noviembre de 2007.

 

COMUNICADO PUBLICO Nº 5

Los familiares, voceros y comunidades de los Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre en la Cárcel de Angol, a solicitud de ellos y dado su crítico estado de salud, comunicamos a la Nación Mapuche, al Pueblo chileno y a la opinión internacional lo siguiente:

Que hoy domingo 18 de noviembre, nuestros familiares, Prisioneros Políticos Mapuche del Estado Chileno, han cumplido 40 días en huelga de hambre, con un evidente deterioro de su salud y una baja de peso de entre 15 y 20 kilos.

Que lo anterior, ha sido confirmado por un informe elaborado por el médico enviado, especialmente, por la Dirección Nacional de Gendarmería, en el que se manifiesta que los huelguistas han entrado en una “fase critica”. Razón por la cual, Gendarmería Regional ha interpuesto un Recurso de Protección en el Tribunal de Temuco, Novena Región, el que fue acogido. Este da cuenta de que los huelguistas estarían atentando en contra de su vida por lo que se tomaran medidas con el objeto de evitar un desenlace fatal.

Que por lo anteriormente expuesto, queremos denunciar que pese a estos hechos evidentes y objetivos, el Gobierno Chileno encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, en una actitud insensible y obstinada, aun guarda silencio. Evidenciamos que, hasta la fecha, el Gobierno Concertacionista, no ha hecho el más mínimo esfuerzo de acercar posiciones frente al justo emplazamiento de los huelguistas. Cuestión que sólo viene a confirmar el evidente compromiso del Gobierno Chileno con el empresariado capitalista que día a día nos despoja de nuestros territorios, y arremete en contra de nuestras comunidades.

Que tales demandas están dirigidas al Poder Ejecutivo para que este intervenga y de paso a soluciones efectivas para la libertad de los Presos Políticos Mapuche, principalmente, a través, del desprocesamiento de las causas; y a la vez, el retiro inmediato de las fuerzas especiales de carabineros emplazadas en nuestros territorios.

Que al mismo tiempo, hasta hoy, tampoco ha existido un pronunciamiento público de algún personero o institución que ofrezca su mediación y quiera oficiar de garante para dar solución a este conflicto.

Que ante esto hacemos un llamado a nuestro Pueblo y a la sociedad civil chilena a presionar con fuerza para establecer los mecanismos adecuados que permitan una salida digna a este conflicto.

Por ultimo convocamos a la Naciòn Mapuche y a todos los sectores honestos y consecuentes, del Pueblo Chileno y del Mundo, a pronunciarse y generar un sin fin de movilizaciones, a manifestarse y endurecer las acciones hasta lograr la

Libertad de todos los Presos Políticos Mapuche y la Desmilitarización del Territorio Mapuche.

Chaltu may

¡¡¡¡WEUWAIÑ!!!!

DOCUMENTOS

MONTAJE Y TORTURA, la cara oscura del invasor reaparece en Wallmapuche, Abril de2007.

Proyecto de Liberacion Nacional, Lucha Continental Indigena y Proyecciones. Una Mirada desde la C.A.M. Enero 2007.

Analisis de la lucha de la CAM, Movimiento Mapuche y Proyecciones. Diciembre 2005

Elementos para nuestra reafirmacion politica ideologica. Abril 2004
Lideres Mapuche y su rol en el desarrollo de los sucesos Historicos
El Pueblo Mapuche y su larga lucha.
Demandas Territoriales
I. Contexto socio político actual y situación de las comunidades mapuche en conflicto
II. Algunos antecedentes de las comunidades mapuche en conflicto de la provincia de Arauco.
III. Algunos antecedentes de las comunidades mapuche en conflicto de la provincia de Malleco.
IV. Algunos antecedentes de las comunidades mapuche en conflicto de la provincia de Cautin
Cinco mitos a cerca de la CAM

Planteamiento Político Estrategico

I. Sintesis diagnostica

a) El Pueblo Nación Mapuche

b) El Estado

c) Los empresarios

d) La sociedad no mapuche

II. Balance de las movilizaciones mapuche dirigidas por la C.A.M. en el actual periodo.
III. Proyecto estrategico de la C.A.M.
IV. Programa de lucha de la C.A.M.
V. Propuesta de la C.A.M. en la actual coyuntura. Análisis de las propuestas. Propuesta en el actual período.
 

DDHH

Informe del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 33º período de sesiones. Ginebra, Suiza, 8 de noviembre del 2004. (Ver formato Word)
Informe de Violación de DDHH en Territorio Mapuche Enero 2001 a Abril del 2003.

ENTREVISTAS

 

NUEVOS ATENTADOS CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE

Allanan, torturan y detienen a Machi y Lonko además de otras autoridades mapuche
 
Comunicado Público - Temuco, 14 de noviembre 2007
  
Frente a la actual situación que se encuentra viviendo el  pueblo mapuche en relación a las constantes agresiones y violaciones de sus derechos como pueblo y a la falta de reconocimiento de su estructura social, política y cultural, las autoridades tradicionales mapuche de las comunidades de Rofue de la comuna de Padre las Casas, de Zullinko, comuna de Freire y de Ragintuleufu en la comuna de Nueva Imperial, comunican y denuncian los siguientes hechos a la opinión publica nacional e internacional.
 
 1 .-En la madrugada  del día viernes 9 de noviembre, las autoridades tradicionales mapuche, machi Pascual Catrilaf Curiche, el zugumachife, Patricio Catrilaf Curiche,  el tayilfe Jesús Curiche, el Lonko Miguel Curiche, el guillatufe Moisés Curiche, y  el yankan Martin Damián Curiche Curiqueo, todos pertenecientes al territorio de Ragintuleufu, comuna de Nueva Imperial fueron violentamente allanados en sus domicilios y posteriormente traslados en calidad de detenidos por efectivos policiales pertenecientes a la 4º Comisaría de Nueva Imperial en la novena Región. Las autoridades tradicionales no fueron respetadas ni en sus derechos civiles como tampoco en sus roles tradicionales que demanda un trato distinto en la cultura mapuche. El accionar extremadamente violento que aplicó  carabineros al momento de allanar los hogares, fue absolutamente desproporcionado a los hechos, no respetando  en absoluto la religión mapuche en tanto efectivos de carabineros arraso y destruyó sus instrumentos espirituales tales como kultrun, cuchillos, weske, Rewe  y todo lo competente a la actividad religiosa de las autoridades ancestrales mapuche.
 
 2   .-Posteriormente, para efectos de informarse sobre la situación, se presentaron en  la  4º Comisaria de Nueva Imperial, el Machi Fidel Lautaro Tranamil Nahuel  de la comunidad  José Jineo Ñanco, de Rofue, comuna de Padre las Casas y el Lonko Diego Saldivia Manquilef del sector Zullinco, comuna de Freire, quienes, informados por los familiares de los detenidos de la situación, se aprestaron a apoyar a sus hermanos mapuche. Sin embargo, al momento de presentarse a la policía como autoridades mapuche, carabineros procedió a detenerlos e  ingresarlos al interior del recinto policial, para luego golpearlos violentamente, ejerciendo torturas y maltratos físicos mientras los insultaban en forma racista señalando que “para nosotros la religión y  cosmovisión mapuche no vale ni sirve para nada… todos los mapuche son unos delincuentes…todos ustedes deben ser eliminados.”
 
3.- Luego de 4 horas de privación de la libertad y de maltratos físicos y psicológicos, el machi Lautaro Fidel Tranamil y el Lonko Diego Saldivia Manquilef, fueron dejados en libertad por no existir acusaciones formales en su contra. Para efectos de dejar constancia de las lesiones  y heridas provocadas, las autoridades mapuche se dirigieron al hospital Intercultural de Nueva Imperial, en donde el personal médico constató el daño provocado por la brutal golpiza que recibieron de parte de los efectivos policiales de Nueva Imperial.
 
 4.-Durante la tarde del día viernes  9, las autoridades mapuche fueron trasladados a la cárcel pública de Nueva Imperial  permaneciendo  recluidos  por cargos de “robo con violencia” que existirían en su contra.  Dichos cargos han sido presentados por personas,  quienes  amparados en la persecución y represión que efectúa  el estado chileno a través de sus aparatos policiales, buscan descalificar y criminalizar el trascendental rol que ejercen las autoridades y personalidades tradicionales mapuche, en el actual contexto de ejercicio y demanda de sus derechos religiosos, culturales, sociales y políticos. 
 
 
 5 .-Cabe señalar que el machi Pascual Catrilaf, quien permanece recluido en la cárcel publica de Nueva Imperial, en su calidad de autoridad religiosa dependiente de las fuerzas naturales que le otorga su espacio sagrado que es el Rewe, no debe permanecer  fuera de su comunidad  ni estar alejado de su Rewe. Las personas que han propiciado esta demanda, además de lucrarse económicamente con la acción, buscan provocar una situación, que, de no remediarse con la libertad inmediata del machi podría tener consecuencias irreparables.  
 
 Frente a los hechos anteriormente mencionados, queremos denunciar que esta acción violentista efectuada por organismos policiales del estado chileno y propiciadas por  personas  afines al gobierno de la concertación, no están aisladas de la constante represión e injusticia que implementa el actual sistema estatal chileno, cuyo objetivo central es reprimir y exterminar a todo un pueblo junto a su religión y cultura actuando con una violencia, racismo y prepotencia  desmedida, buscando generar el temor y miedo en nuestro pueblo, al igual que lo hicieran en los tiempos de la dictadura.
 
 
 .-Denunciamos y rechazamos los abusos cometidos en contra del Machi Fidel Lautaro Tranamil de Rofue, comuna de Padre las Casas y del lonko Diego Saldivia Manquilef, quienes sufrieron vejaciones y maltratos no solo físicos y sicológicos sino que también atentaron contra su rol de autoridad religiosa, lo cual constituye una grave violación a la normativa religiosa y cultural mapuche.
 
 
 .- Exigimos que se depongan estos actos de montaje y persecución política y religiosa al machi Pascual Catrilaf Curiche, el zugumachife, Patricio Catrilaf Curiche,  el tayilfe Jesús Curiche, el Lonko Miguel Curiche, el guillatufe Moisés Curiche, y  el yankan Martin Damián Curiche Curiqueo y que  sean dejados en libertad  inmediata por no existir ninguna prueba concreta en su contra.
 
 
             Hacemos un llamado al pueblo mapuche para que no se deje amedrentar por estas acciones represivas que se están implementando en contra de nuestro pueblo y llamamos a la sociedad chilena a expresar su solidaridad y apoyo a un pueblo y una cultura que esta viviendo no tan solo la usurpación de sus territorios en manos de intereses económicos privilegiados sino que también esta sufriendo la persecución ideológica hacia su religión y cultura desde las instituciones represivas chilenas.
 
 
Familia Catrilaf Curiche
Territorio Ragiñtuleufu
 
Machi territorio Rofue
Lautaro Fidel Tranamil Nahuel
 
Lonko Diego Saldivia Manquilef
Territorio Zulllinko



Difundido por:


Conducción del programa:  Nelson Agustin Aramburú

(PD: Para acceder a la web de la radio clikee la foto).

LA FLECHA ROJA Y CUBA*


Por Manuel Guerrero Antequera

En su edición del día 5 de noviembre del año curso, el diario electrónico chileno Crónica Digital, publicó una declaración de un grupo de dirigentes y concejales democratacristianos de la zona Oeste de Santiago, en la que reivindican el acuerdo alcanzado por tal partido en su reciente congreso
ideológico, en orden a promover una política de integración y colaboración hacia América Latina, no manifestando reparos, ni exigencias a los sistemas de gobierno que legítimamente se han dado los países vecinos.

Esta declaración resulta extraordinariamente importante, pues a través de un comunicado público a la Comisión Internacional de su Partido, representantes de la base ciudadana activa nos recuerdan al conjunto de la sociedad chilena una de las condiciones básicas de posibilidad para la convivencia pacífica en un mundo que ha de ser plural y multipolar: el respeto y la promoción del derecho de los pueblos a ejercer la autodeterminación, a ser soberanos. Tan gravitante es este principio, que todos los pactos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas parten con él: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

Nuestras sociedades latinoamericanas suelen tener una capacidad de recuerdo frágil, porque fue precisamente la violación de este principio la que sirvió de base, por ejemplo, para que el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo a sus propios documentos desclasificados por la CIA, interviniera directamente en asuntos internos de la sociedad chilena, desestabilizando la democracia durante el gobierno de Salvador Allende, generando las condiciones para el golpe militar y el terrorismo de Estado. Es por ello que emprendedores de la memoria, como estos dirigentes democratacristianos, son tan relevantes. No nos recuerdan algo ajeno, sino nuestra propia historia reciente, que en buena medida es la de la propia Democracia Cristiana.

Pero el llamado de estos dirigentes del provincial Santiago Oeste, de la Juventud Demócrata Cristiana y de concejales de las comunas populares de Cerro Navia y Lo Prado, no es solo de carácter genérico, sino que atiende directamente una situación que en el contexto de la actual Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Santiago pudiera hacer caso omiso del principio de autodeterminación consagrado por Naciones Unidas: que operadores políticos inescrupulosos intenten arrastrar a los mandatarios presentes a pronunciarse contra un país soberano, Cuba, en momentos, como lo consigna la declaración, “en que el Presidente Bush insta a la subversión civil y militar contra la institucionalidad de ese hermano país”. Como parte protagónica del gobierno, el Partido Demócrata Cristiano es anfitrión de este encuentro internacional, por lo que resultaría una aberración y un contrasentido que alguno de sus dirigentes nacionales, en un instante fugaz de olvido de los instrumentos internacionales de derechos humanos, instara a pronunciarse contra alguna de las delegaciones oficiales de los países que asisten a la Cumbre.

Pero no se trata solo de un asunto de protocolo, de cuidar las formas, sino de temas más de fondo. Los dirigentes y concejales DC nos recuerdan que los hoy detractores de la isla caribeña "olvidan el amplio apoyo que ha recibido Cuba en la moción que presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas exigiendo a Estados Unidos el fin al bloqueo comercial económico y financiero impuesto hace más de 47 años, y que contó con el respaldo de 184 países y sólo 4 votos en contra. Así como omiten pronunciarse frente a la arbitraria detención que sufren cinco patriotas cubanos encarcelados injustamente desde 1998 en Estados Unidos”, situación ante la cual Naciones Unidas ha exigido su inmediata puesta en libertad.

En efecto, cinco jóvenes cubanos que recababan información en territorio norteamericano acerca de organizaciones terroristas anticubanas fueron detenidos hace años en Miami, bajo 26 acusaciones de violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos. De tales acusaciones 24 son delitos leves de carácter técnico, que incluyen una presunta falsificación de identidad e incumplimiento de registro como agentes extranjeros. Ninguna de las acusaciones los involucra en el uso de armas, en actos violentos o en destrucción de la propiedad.

Los Cinco, como ahora se les conoce, fueron arrestados sin resistencia y enviados a celdas de confinamiento solitario reservadas como castigo para los prisioneros más peligrosos, y mantenidos ahí por 17 meses hasta el comienzo del juicio. Éste duró siete meses, siendo uno de los más largos de Estados Unidos. Luego fueron sentenciados a penas máximas de prisión, recibiendo Gerardo Hernández una doble cadena perpetua y Antonio Guerrero y Ramón Labañino una cadena perpetua. Los restantes dos, Fernando González y René González, recibieron condenas de 19 y 15 años, respectivamente. Se les separó e internó, hasta el día de hoy, en prisiones de máxima seguridad
separadas por centenares de kilómetros cada una. A dos de ellos se les han negado las visitas de sus esposas e hijas durante todos estos años, lo que constituye una violación de las propias leyes de Estados Unidos y de las normas internacionales. Las protestas de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han sido permanentemente rechazadas. Un Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consignó que el juicio que se realizó a los cubanos en Miami no fue imparcial, y que las penas fueron excesivamente severas. El panel de la ONU también señaló que a los cinco detenidos se les había negado el acceso apropiado a sus abogados y a evidencia importante.

Pero Estados Unidos es el paraíso de los derechos humanos, y su gobierno ha prometido atacar el terrorismo adonde éste se encuentre, pero olvida hacerlo con las bandas de Miami. Además gusta invadir a otros países para enseñarles a la fuerza los valores del “mundo libre”. Pero esto no solo ocurre en el lejano oeste, pues los dirigentes de base de la DC chilena señalan algo similar a sus líderes de la Comisión Internacional, a la llaman a que “se abstenga de dar lecciones de democracia cuando en nuestro país después de 17 años de volver de la dictadura, aún tenemos excluidos a vastos sectores de la sociedad, con nulas instancias de participación por parte de la comunidad debido a un descrédito vergonzoso de la actividad partidaria, que remitimos a las cúpulas políticas”.

La sinceridad y lucidez del comunicado no admite concesiones: “debemos ser francos y asumir que nuestro país - a diferencia de Cuba -, tiene hoy un relator para las Naciones Unidas que verifica la situación de los derechos humanos del pueblo Mapuche, los cuales han sido conculcados por la aplicación de una denominada ‘ley antiterrorista’. Miremos también la situación de nuestras cárceles y los recintos para menores donde hemos sido reprendidos por la UNICEF a raíz de la tragedia en Puerto Montt. Saludamos a la delegación oficial cubana y expresamos nuestra solidaridad con su pueblo y respetamos su legítimo derecho a defender el proceso revolucionario que les ha permitido garantizar a su población salud, educación empleo y techo en condiciones, que nuestro país aún no logra”.

La verdad os hará libres, creo que dijo alguien hace un tiempo. De seguro se sentiría orgulloso de estos militantes de la flecha roja.

http://manuelguerrero.blogspot.com
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Saludos!
Manuel

  *La Flecha Roja es el primitivo símbolo de la Falange Nacional (de Chile), como se llamó en su origen el Partido Democrata Cristiano. (Nota de Máximo Kinast)

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CHILE 'DEMOCRÁTICO' DE HOY

7 de Noviembre de 2007


Violaciones de derechos en Chile


por  Felipe Portales

Chile ha experimentado, luego de 1990, un notable mejoramiento en la vigencia de los derechos a la vida, integridad física y libertad personal; producto del fin del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura.

Sin embargo, en estos 17 años se ha mantenido una grave y sistemática violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto se ha debido a que los gobiernos de la Concertación han consolidado las principales instituciones políticas, económicas y sociales que el régimen militar dejó en herencia.

De este modo, la propia Constitución del 80 –si bien ha experimentado algunas reformas liberalizadoras- se ha mantenido vigente, con varios de sus elementos autoritarios y neoliberales esenciales. Es más, con la suscripción que de ella hizo el ex presidente Lagos en 2005, la Concertación la hizo suya en términos oficiales.

Lo mismo puede decirse del conjunto de la legislación que la dictadura impuso en la década de los 80, destinado a refundar la sociedad chilena en los marcos de un neoliberalismo extremo, y que la Concertación se ha contentado con hacerle pequeños retoques, en la medida que ha contado con el consenso de la derecha.

Así tenemos una grave violación de los derechos políticos de la sociedad chilena, con el antidemocrático sistema electoral binominal -¡único en el mundo!- que distorsiona significativamente la representación del pueblo en el Congreso, a favor de la derecha minoritaria.

Por otro lado, vemos que Chile sufre –de acuerdo a las mediciones de los organismos internacionales especializados- una de las distribuciones del ingreso más desiguales e injustas del mundo; con lo que se vulneran los derechos económicos, sociales y culturales de la generalidad de la población.

Asimismo, la mercantilización de los servicios de salud, educación y seguridad social destruyen la propia noción de derechos humanos en esos ámbitos. Y se traduce en el notable encarecimiento de ellos para una minoría; o en la provisión de una mala calidad de ellos, por parte del Estado, para la mayoría.

Igualmente, las legislaciones y prácticas severamente restrictivas de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, hacen que los derechos específicos de los trabajadores se vean también gravemente violados.

Para que hablar de los pueblos indígenas, que ni siquiera gozan de un reconocimiento constitucional ni, menos aún, de las disposiciones que establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Y que –pese a algunas leyes y políticas desarrolladas en su favor desde 1990- continúan sufriendo una especial situación de miseria, represión y discriminación; como lo han constatado en diversos informes el Relator Especial de la ONU en la materia, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Los derechos civiles se ven también fuertemente vulnerados, producto de leyes y políticas destinados a favorecer a los “poderes fácticos” de la sociedad chilena; o como atávicas herencias del pasado. Así, el derecho a la justicia está gravemente violado por la mantención del aberrante decreto-ley de autoamnistía de 1978 (¡pese a los compromisos programáticos de la Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció su anulación hace ya más de un año!) y por la igualmente aberrante ley aprobada en 2004 que establece una virtual impunidad judicial, moral y administrativa a favor de los victimarios de tortura denunciados ante la Comisión Valech; en la medida que los ampara con un secreto de 50 años y con la inconstitucional prohibición para que el Poder Judicial tenga acceso al conocimiento de sus delitos.

A su vez, el derecho a la libre información y expresión se ve también gravemente vulnerado en la práctica por una concentración de la propiedad de medios de comunicación que, quizá con la sola excepción de Cuba, es la mayor de América Latina. De tal manera, que se ha llegado en esta materia a una situación mucho peor que la de los últimos años de la dictadura. Y con políticas de destrucción efectivas de casi todos los diarios y revistas de centroizquierda, a través del bloqueo de aportes financieros externos; de la discriminación del avisaje estatal; y de la negativa a devolver periódicos confiscados por la dictadura; todo lo que ha sido denunciado –sin ser desmentidos- por varios Premios Nacionales de Periodismo.

El derecho a la libertad de reunión en lugares públicos se ve también seriamente afectado en la medida que su reglamentación deja su aplicación entregada a la total discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. Asimismo –y sin ánimo de ser exhaustivo- el derecho a la libre asociación, respecto a las organizaciones sin fines de lucro, queda completamente supeditado a los gobiernos de turno. Estos, de acuerdo a disposiciones legales vigentes desde el siglo XIX, deben autorizar su existencia y aprobar sus estatutos; ¡y pueden disolverlas si, a su juicio, atentan contra la seguridad del Estado o dejan de corresponder al objeto de su institución

ANTE LA XVII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

 

 

Propuesta de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la tortura, la impunidad y otras violaciones a los derechos humanos para la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Santiago de Chile, noviembre de 2007.

 

  1. Considerando que la tortura es un delito de lesa humanidad, que tiene por objeto la destrucción sistemática de la víctima afectándola en su área biopsicosocial, que es una de las peores experiencias que puede sufrir un ser humano y que tiene importantes repercusiones en su familia y su comunidad, lo que incide negativamente en el desarrollo humano y en la cohesión social.

 

  1. Reconociendo que los derechos humanos y la democracia constituyen valores esenciales de nuestros pueblos iberoamericanos y son pilares de nuestra comunidad. Así como que es imposible la inclusión y la cohesión social si se mantienen prácticas tan inhumanas y aberrantes como la tortura.

 

  1. Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 5 que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

 

  1. Reiterando la obligación de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, incluyendo el derecho al desarrollo, que son interdependientes e interrelacionados y cuya universalidad es incuestionable. (Declaración de Jefes de Estado de Iberoamérica en Margarita, Venezuela, 1997, Número 9).

 

  1. Destacando la importante labor que realizan los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la búsqueda de su respeto, promoción y protección. (Declaración de Jefes de Estado de Iberoamérica en Margarita, Venezuela, 1997, Número  11).

 

  1. Reafirmando la condena enérgica de todas las formas de abuso, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas, incluyendo los prisioneros de guerra, en cualquier lugar que ocurran. Reafirmando que estos abusos son contrarios al derecho internacional, incluidas las Convenciones de Ginebra, y reiterando el llamado a todos los Gobiernos para que hagan cumplir plenamente la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra y lleven ante la justicia a aquellos que violen sus disposiciones. (Declaración de Jefes de Estado de Europa y América Latina en la III Cumbre América Latina y el Caribe con la Unión Europea en Guadalajara, México, 2004, Número 19)

 

  1. Considerando las múltiples condenas de los organismos de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales contra la tortura y la detención arbitraria en el Centro de Detención en Guantánamo, Cuba, usado abusivamente por las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Especialmente los llamados urgentes a cerrar definitivamente este Centro de Detención, entre los que podemos mencionar al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y los Relatores Especiales de Naciones Unidas contra la tortura, la independencia de jueces y abogados, la libertad de religión, el derecho a la salud física y mental y la la detención arbitraria, quienes han recomendado reiteradamente que debe “cerrarse inmediatamente el Centro de Detención de Guantánamo”.

 

  1. Reiterando el firme compromiso de cada uno de los gobiernos de fortalecer y hacer efectivo el funcionamiento de las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. (Declaración de Jefes de Estado de Iberoamérica en La Habana, Cuba, 1999, Número 2)

 

 

Proponemos:

 

    1. Que los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la XVII Cumbre Iberoamericana en Chile, asuman el compromiso decidido de erradicar la tortura de nuestros países, promoviendo una legislación adecuada que sancione y prevenga la tortura, cumpliendo con los tratados y convenios internacionales que prohíben la tortura, sancionando a los culpables para acabar con la impunidad y rehabilitando a las víctimas y sus familias.

 

    1. Que se condene enérgicamente la existencia de la cárcel de Guantánamo, Cuba, donde se encuentran personas sometidas sistemáticamente a torturas físicas y psicológicas, lo que constituye una flagrante violación a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Internacional sobre derechos Civiles y Políticos, las Convenciones de Ginebra y demás tratados de derecho internacional.

 

    1. Que se incluya en la Declaración final de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno una condena a este tipo de prácticas, un compromiso expreso de erradicarla del continente y de sancionar a todas las personas responsables de estos crímenes, la constitución de programas de prevención de este flagelo y de rehabilitación y compensación a las víctimas, sus familias y comunidades y un pedido expreso de cierre inmediato del Centro de Detención de Guantánamo, una terrible vergüenza en nuestro continente.

 

Suscriben:

 

  • Equipo  Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
  • Grupo Tortura Nunca Mais / Río de Janeiro (GTNM/RJ). Brasil.
  •  Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
  • Corporación de Apoyo a Víctimas Pro-Recuperación Emocional. (Corporación AVRE), Colombia.
  • Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
  • Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), El Salvador.
  • Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Honduras.
  • Fundación Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
  • Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
  • Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
  • Centro de Alternativas  en Salud Mental (ATYHA), Paraguay.
  • Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.
  • Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC), Uruguay.
  • Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (Red de Apoyo), Venezuela.

 

 

También suscriben:

 

  • Servicio Jesuita para Refugiados, Oficina para Latinoamérica y el Caribe.
  • Centro de Investigación y Promoción Franciscano Ecológico de Uruguay. (CIPFE / Uruguay).
  • Asociación Cultural y Casa de los Inmigrantes César Vallejo, (ACCICEV) Montevideo, Uruguay.
  • Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Venezuela.
  • Cáritas Los Teques, Venezuela.
  • Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela.
  • Comisión Justicia y Paz del secretariado conjunto de religiosos y religiosas de Venezuela.
  • Espacio Público, Venezuela.
  • Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela.
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela.